Índice
Entre 2006 y 2010, cinco casos de panistas mencionados en videos o por criminales
La impunidad panista
Fuero Real. En sentido antiguo, equivale a una exención o privilegio otorgado a alguna persona o clase social.
Diccionario de la Lengua Española.- 17.
La licencia del diputado Víctor González Ortega, no satisface a la comunidad; el panismo se desmarca y con ello lo protege. No hay elementos para juzgarlo más allá del video. Ni parte, ni reporte ni documentación alguna; mientras, sacrificaron para pretendida satisfacción de los detractores, al Subdirector de la Policía. El caso del Presidente del Congreso se suma a los vídeo escándalos del Procurador Antonio Martínez Luna, del Secretario Víctor de la Garza Herrada, de Luis Enrique Díaz Félix, y a las menciones que –según autoridades policíacas– hizo un narcotraficante de Antonio Macías. Los cinco panistas, no fueron molestados.
Sergio Haro Cordero
Prácticamente un mes tardaron los panistas en el Gobierno de Mexicali, en la Administración Estatal y en el Congreso del Estado, en dar a conocer el video que muestra al hoy diputado albiazul con licencia y entonces Presidente de la Cámara Local, Víctor González Ortega, en estado de ebriedad y presuntamente en posesión de armas y droga.
Durante esos 26 días, la impunidad gubernamental favoreció a este miembro del Partido Acción Nacional… hasta que los intereses internos los ahogaron en su corrupción interna.
En el PAN, como en el PRI de hace 20 años, hay proteccionismo a los miembros que abusando del poder, pasan por encima de leyes y reglamentos.
Y al igual que en gobiernos anteriores, aplican la “Ley de Hilados y Tejidos”: Para “demostrar” que corrigen la situación, rompen el hilo por lo más delgado. En lugar de desconocer al diputado que incurrió en los excesos en un vehículo oficial, de suspenderlo desde el mismo 21 de febrero cuando cometió la falta, o de someterlo a una comisión de honor y justicia, renunciaron al Subdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Felipe Chan.
Pero en la percepción ciudadana –y periodística, valga decirlo– la idea es la corrupción, la impunidad y la inmunidad hacia “prominentes miembros del partido”.
El panismo bajacaliforniano se exhibió en el ámbito nacional a través de la transmisión una y otra vez, y de igual manera por la Internet, del video donde se exhibe alcoholizado, el diputado panista con licencia.
Socarronamente le han llamado el chupitosgate al caso de Víctor González Ortega, quien fue detenido por agentes policíacos en Mexicali el 21 de febrero, y que es el personaje central del video que lo muestra en completo estado de ebriedad, en un incidente donde aparentemente encontraron en el auto –propiedad del Congreso del Estado– dos “pelotas” de cocaína. “Es una extorsión, me pidieron dinero y empleo para una de sus amantes”, dijo González Ortega a reporteros el jueves 18.
Lo que no esperaba es que hubiera un video que lo aplastó, evidenció y sacó del cargo no sólo de Presidente del Congreso sino también de diputado, en un hecho inédito en Baja California. El caso es una muestra más de la impunidad panista. Hasta ahora ningún “importante” miembro del Partido Acción Nacional en el gobierno, ha caído producto de un video o de una mención en expedientes del crimen. Van cinco casos:
2006: Siendo director de PRODUTSA, Luis Enrique Díaz Félix, antes Presidente Municipal de Rosarito, fue detenido manejando bajo la influencia del alcohol. Lo vídeo grabaron, lo exhibieron y a lo único que llegó el Gobierno del Estado y el Partido Acción Nacional, fue a retirarlo de la posición.
2007: Un ex Policía Judicial de Baja California, de hecho ex guardia del Gobernador Ernesto Ruffo Appel, confesó a sus verdugos bajo la lente de una vídeo cámara, cómo el entonces Procurador Antonio Martínez Luna, tenía relación con el narcotráfico. Particularmente con el cártel de Sinaloa. Entonces el Gobierno de Eugenio Elorduy ni siquiera lo cesó para investigación. Vaya ni la SIEDO lo mandó cuestionar, declararía “El Toño” que de manera voluntaria acudió a que lo interrogaran.
2007: Una semana después, otro video fue público en ZETA. Esta vez, el Secretario de Seguridad de la misma administración, Víctor de la Garza Herrada, acompañado del Secretario particular de Martínez Luna, Víctor Lamas, escuchaban el plan de un abogado para poner un cuatro a narcotraficantes. Hablaron incluso de utilizar recursos del erario. La videograbación se hizo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Por segunda ocasión consecutiva, el Gobernador ni siquiera tocó a su Secretario con el pétalo de la duda.
2009: Un narcotraficante detenido en Rosarito, Candelario Arceaga “El Cande”, declaró a sus captores que se dedicaba a la producción de crystal que luego entregaba-vendía a Teodoro García Simental, capo al servicio del cártel Arellano Félix. También les dijo que Antonio Macías había recibido dinero por parte de ellos a través de una persona de apodo “El Diablo”, para la campaña, además que a cambio habían recibido permisos para transporte público. De paso, dijo recordar –así lo señalaron a ZETA– que también habían colaborado en la campaña de Luis Enrique Díaz Félix. Al primero no le ocurrió nada, dado que no era parte de nómina alguna, al segundo el Alcalde Jorge Ramos en Tijuana lo separó del cargo de Delegado, pero recientemente lo reinstaló en esa posición.
2010: El video ya conocido del Diputado y Presidente del Congreso del Estado, Víctor González Ortega, que, borracho, amedrentó a Policías cuando manejaba un vehículo oficial y presuntamente se le encontraron armas y droga.
En ninguno de los cinco casos la autoridad en el Partido Acción Nacional ha expulsado a sus miembros. Tampoco sus casos han llegado a la Comisión de Honor y Justicia, mucho menos han sido investigados de manera debida por autoridad en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Es evidente, si eres panista y funcionario, la impunidad está de tu lado.
Por ejemplo y en el último caso, el del diputado panista con licencia, ni siquiera se sabe si efectivamente hubo droga y si fue así, dónde quedó. No hubo reporte policíaco y por supuesto el hecho no está consignado en un parte municipal. Tampoco, en el colmo de la impunidad, existe un reporte al C-4 con esa fecha y que supuestamente propició el operativo que culminó con la no-detención del entonces Presidente del Congreso del Estado de Baja California.
Excesos
Hace dos semanas versiones periodísticas anotaron los supuestos excesos del Presidente del Congreso del Estado. En la columna “La Estampida de los Búfalos” de Víctor Islas en “El Mexicano”, y en el programa radiofónico televisivo “Café Político” que encabeza el mismo Islas, Carlos Estrada y Hugo Ruvalcaba comentaron sobre un presunto hallazgo de botellas de licor, rastros de vómito y condones, en el área de la Presidencia del Congreso. Luego sumaron la versión que el diputado panista –quien ganó el Distrito VI a Enrique Acosta– le había cambiado las llantas a la camioneta del Congreso que estaba a su disposición.
Aparte mencionaron la versión de que González Ortega había sido detenido la mañana del domingo 21 de febrero en estado de ebriedad y le encontraron un polvo blanco, al parecer cocaína. A la especulación se sumó el que uno de los agentes que encabezó el operativo, Hugo López Ávalos, fue suspendido a raíz de los hechos. A manera de seguimiento estos comentarios aparecieron en otras –contadas– columnas periodísticas en un tema que fue creciendo, al grado que el diputado panista dejo de aparecer públicamente.
El jueves 18 por la mañana, horas antes que iniciara la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, González Ortega apareció en varios medios, sobre todo radiofónicos, exponiendo su versión, y negando todos los señalamientos.
Dijo haber recibido amenazas de muerte desde hace seis meses, de las que ya tenía conocimiento la Procuraduría Estatal, y aseguró que las menciones tenían que ver con un intento de extorsión. De lo encontrado en las oficinas del Congreso, González Ortega dijo:
“Yo niego categóricamente que haya habido en las oficinas de esta Presidencia ese tipo de sucesos como lo han venido manejando algunos medios, para ser preciso nada más uno…No hay, no existe tal situación, ni ha existido ni debe de existir.” Y se justificó diciendo que en el recinto hay decenas de cámaras de videograbación.
La detención tampoco la aceptó. Dijo que “no hubo tal”, que él no conduce y que ese día estaba acompañado por su hermana, su hija y su sobrina, estacionados afuera de su casa.
“Efectivamente hubo un operativo ese día, un policía me manifestó que habían tenido una llamada telefónica anónima donde dijeron que había movimientos raros relacionados con supuesta venta de cocaína, llegaron como 15 elementos, ahora ya salió el nombre de un agente que dice que por mi culpa lo despidieron, por haberme detenido, un señor de nombre José Alberto López Ávalos, me dicen que al tipo lo suspendieron porque es una fichita, tiene 6 denuncias nada más en el año pasado, está siendo procesado en Sindicatura por lesiones, robo y golpes a unas personas. Íbamos a participar en la cabalgata, llegaron las personas, nos revisaron, nunca fui detenido, nunca me llevaron a la Comandancia, nunca me revisó el médico, eso fue a las 9 de la mañana de un domingo, yo me estaba preparando para irme, inclusive en la tarde anduve con Rodolfo Valdez en la premiación”.
González Ortega dijo estar muy preocupado por la serie de amenazas que ha recibido desde hace varias semanas. “Sabemos que vas a Tijuana, subiendo te vamos a partir la madre, me dijeron, también me mandaron cartitas, ésas ya las tiene la Procuraduría, he recibido amenazas en mi casa, fotos de mis hijos”.
Pero además dijo que “algunos periodistas” le habían pedido 100 mil pesos.
“Yo tengo 20 años en el sistema público y no son mis principios, ni mi ética me lo permite hacerlo, nunca he pagado ni un peso por que alguien hable bien ni mal de mí. “Uno de ellos me pidió trabajo para una de sus amantes, yo le dije que no, que yo no jugaba así, no lo hice y creo que en parte es represalia…”.
¡Pácatelas!
La mañana siguiente, apenas al iniciar Café Político, Víctor Islas reviró: “Hemos estado investigando el caso de “El Chupitos”, nos ha querido desmentir a través de comunicadores paleros, nos ha querido desmentir en el sentido de que no lo encontraron con droga, lo encontraron con dospelotonas de cocaína. Nos picaron la cresta, nos pusimos a investigar y a las pruebas nos remitimos, independientemente de este grupo de comunicadores paleros de este diputado, que anda diciendo que nosotros le pedimos dinero…”
“Lo que decimos aquí siempre tiene sustento, no echamos mentira a nadie, hay reporteros que defienden a este vicioso, Presidente del Congreso del Estado”, dijo por su parte Carlos Estrada Charles para pasar una imagen del diputado en la reciente visita del Presidente Calderón en La Rumorosa, todo antes de pasar al aire el multicitado video que fue subido al portal Youtube y que en cuatro días acumuló 26 mil 436 accesos.
Luego las reacciones se vinieron en cascada, primero la tarde del viernes 19 el PAN Estatal a través de un comunicado anunció su postura de que González Ortega debía pedir licencia, al día siguiente, sábado 20, el Congreso sesionó y dieron trámite a la solicitud de licencia y tomó protesta su suplente, Jazmín Enríquez. El martes al mediodía, después de una reunión entre el Alcalde Rodolfo Valdez y el Director de Seguridad Ulises Méndez, quien regresó de un curso de 10 semanas en Estados Unidos, se anunció la renuncia al cargo del Subdirector Operativo Felipe Chan Baltasar.
Abuso de autoridad
Las denuncias contra el agente López Ávalos datan del 2009 y el viernes 19 de febrero de este año –dos días antes del incidente con el diputado– se envió un oficio a la Dirección Jurídica de Seguridad Pública, donde se informaba sobre la suspensión del oficial, según lo explica el Síndico Procurador, David de la Rosa Anaya.
De acuerdo al mismo funcionario, el primer incidente fue el 24 de junio del 2009, en el estacionamiento de la Tienda Soriana, ubicada por el Boulevard Anáhuac. Lo acusan de abuso de autoridad. Otro fue el 11 de agosto del 2009, acusado de detención ilegal en la zona de Lázaro Cárdenas y Anáhuac, y otro más el 30 de octubre del 2009 en el parque público del Fraccionamiento San Fernando. Ahí señalan que el detenido no llegó hasta la Comandancia de la Dirección de Seguridad Pública.
El Síndico Municipal explicó que actualmente hay 13 policías suspendidos y en proceso de investigación –en diferentes hechos– y que tan sólo el año pasado se removió a 65 agentes al comprobarse su participación en diversos ilícitos.
El funcionario explica que el viernes 19 se hizo llegar el documento a la DSPM y fue hasta el martes 23 de febrero cuando se hizo efectiva la suspensión preventiva, acusado de abuso de autoridad, detención injustificada y lesiones: “Indebidamente se está vinculando con un asunto que nada tiene que ver”. López Ávalos presentó un amparo –en trámite– contra la suspensión preventiva, el cual no ha procedido.
De la Rosa dijo que existe una investigación de los hechos relacionados con el video donde aparece el diputado con licencia Víctor González Ortega. “Desde el viernes hemos empezado a hacer las diligencias que corresponden, una investigación sobre los hechos, revisando la actuación de los agentes, cuáles fueron los hechos, para efectos de deslindar la responsabilidad que pudiera existir, ya radicamos un expediente sobre el caso, si hay que aplicar alguna sanción a un caso concreto, se aplicará…”.
Inmunidad, impunidad
De acuerdo a la legislación vigente, los diputados locales gozan de fuero para no ser juzgados, pero hay marcado un procedimiento para desaforar, lo que le corresponde al propio Congreso. Daniel Solorio, abogado constitucionalista y ex Director de la Facultad de Derecho en Mexicali así lo explica:
“Solo el órgano de representación política, que es el Congreso, puede retirarle el fuero a uno de sus miembros o a otro funcionario que lo tenga”, explica el especialista y añade:
“El fuero no es una impunidad, es solamente una esfera de protección temporal que dura sólo lo que dura el cargo y que cuando se trata de un caso grave, la propia Cámara puede votar y retirarle el fuero al funcionario de que se trate, para que una vez que la Cámara vote, esa persona quede separado del cargo y pueda ser tratado como cualquier hijo de vecino”. Solorio explica que hay dos conceptos, parecidos pero distintos, uno es el Fuero y otro la Inmunidad.
La Inmunidad Parlamentaria significa que un representante popular nunca podrá ser procesado penalmente por lo que diga en el ejercicio de su representación política, y no puede ser acusado de difamación o injurias, los delitos llamados “De Opinión”.
En el caso del fuero, Solorio explica que se trata de una protección temporal que impide que una persona –que por su cargo lo posee– pueda ser procesada penalmente por cualquier delito cometido, en dado caso debería primero seguirse un proceso de desafuero por parte de la Legislatura.
“Es un error claro de la policía pretender ser ellos los que decidan si una persona tiene fuero o no, es un error manifiesto del Gobierno Municipal y de la corporación policiaca pretender que son ellos los que tienen que decidir cosas que tengan que ver con el fuero.
“Un policía, un jefe policiaco que interviene en un caso como éste, su deber es darle a ese diputado un tratamiento como cualquier hijo de vecino, entregarlo a la Autoridad que toma decisiones, que es el Ministerio Público y éste tomar la decisión”.
Solorio considera que este tipo de prácticas crean mucha confusión. “Las costumbres del influyentismo que hay en México han creado la confusión según la cual, los policías son los que deciden reconocer o no reconocer el fuero, eso no tiene sentido”.
— ¿Quiere decir que quienes lo hacen están violando una reglamentación?
“Me parece que éste es un caso claro en que los jefes policiacos, y eso alcanza al Presidente Municipal que es el responsable último de los jefes policiacos, incurrieron en una falta a sus deberes, a un comportamiento a sus propios deberes de hacer prevalecer el orden público”.
Pero el caso permanece en la impunidad panista.
Entre Policía y Presidente del Congreso. El diálogo del Diputado.
Policía: Se te está encontrando droga en tu vehículo.
Diputado: ¿Sí? ¿Es lo que me chinga?
Policía: Pues sí, y no nada más es poquita, es bastante droga.
Diputado: ¿Cuánto es?
Policía: Pues, una bolilla grande, imagínate que salga un periodicazo: Legislador consume drogas, diputado
Diputado: El Presidente del Congreso…No compa, no.
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Los minutos de fama
El ascenso de González Ortega en el PAN
Víctor González Ortega es miembro activo del PAN desde el 1 de enero de 1994, creció en una zona aledaña a la colonia Robledo, estudió Administración Pública en la UABC y fundó con otros panistas –entre éstos el ahora diputado federal Sergio Tolento– un grupo al interior del Sexto Distrito, conocido como José Vasconcelos. En el 2007 ganó la interna contra Martín Vázquez con diez votos de diferencia ya en tercera ronda y llegó al Congreso como diputado de mayoría con el apoyo de 21 mil 694 votos, contra 20 mil 475 del candidato priísta y ahora diputado de minoría Enrique Acosta Fregoso. Hace un año, en febrero del 2009 su entonces esposa, Susana Núñez, fue acusada por el contendiente de la diputación del Distrito 01 federal, Miguel Guerrero, de haber ofrecido a panistas de ese distrito, material de construcción vía Promotora Estatal para que votaran por Sergio Tolento, ex titular de esa dependencia y entonces precandidato. La denuncia fue rechazada por la Comisión de Elecciones del PAN en la entidad y hoy Tolento es Diputado Federal. Se señala al Secretario de Gobierno, Francisco Blake como el orquestador de la llegada de González Ortega a la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso a fines de enero pasado. Un hermano del ahora diputado con licencia, Adrián, aparece en la planilla de regidores de Raúl López Moreno, precandidato a la Alcaldía de Mexicali, quien tiene el apoyo del actual Alcalde Rodolfo Valdez Gutiérrez.
La impunidad panista
Fuero Real. En sentido antiguo, equivale a una exención o privilegio otorgado a alguna persona o clase social.
Diccionario de la Lengua Española.- 17.
La licencia del diputado Víctor González Ortega, no satisface a la comunidad; el panismo se desmarca y con ello lo protege. No hay elementos para juzgarlo más allá del video. Ni parte, ni reporte ni documentación alguna; mientras, sacrificaron para pretendida satisfacción de los detractores, al Subdirector de la Policía. El caso del Presidente del Congreso se suma a los vídeo escándalos del Procurador Antonio Martínez Luna, del Secretario Víctor de la Garza Herrada, de Luis Enrique Díaz Félix, y a las menciones que –según autoridades policíacas– hizo un narcotraficante de Antonio Macías. Los cinco panistas, no fueron molestados.
Sergio Haro Cordero
Prácticamente un mes tardaron los panistas en el Gobierno de Mexicali, en la Administración Estatal y en el Congreso del Estado, en dar a conocer el video que muestra al hoy diputado albiazul con licencia y entonces Presidente de la Cámara Local, Víctor González Ortega, en estado de ebriedad y presuntamente en posesión de armas y droga.
Durante esos 26 días, la impunidad gubernamental favoreció a este miembro del Partido Acción Nacional… hasta que los intereses internos los ahogaron en su corrupción interna.
En el PAN, como en el PRI de hace 20 años, hay proteccionismo a los miembros que abusando del poder, pasan por encima de leyes y reglamentos.
Y al igual que en gobiernos anteriores, aplican la “Ley de Hilados y Tejidos”: Para “demostrar” que corrigen la situación, rompen el hilo por lo más delgado. En lugar de desconocer al diputado que incurrió en los excesos en un vehículo oficial, de suspenderlo desde el mismo 21 de febrero cuando cometió la falta, o de someterlo a una comisión de honor y justicia, renunciaron al Subdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Felipe Chan.
Pero en la percepción ciudadana –y periodística, valga decirlo– la idea es la corrupción, la impunidad y la inmunidad hacia “prominentes miembros del partido”.
El panismo bajacaliforniano se exhibió en el ámbito nacional a través de la transmisión una y otra vez, y de igual manera por la Internet, del video donde se exhibe alcoholizado, el diputado panista con licencia.
Socarronamente le han llamado el chupitosgate al caso de Víctor González Ortega, quien fue detenido por agentes policíacos en Mexicali el 21 de febrero, y que es el personaje central del video que lo muestra en completo estado de ebriedad, en un incidente donde aparentemente encontraron en el auto –propiedad del Congreso del Estado– dos “pelotas” de cocaína. “Es una extorsión, me pidieron dinero y empleo para una de sus amantes”, dijo González Ortega a reporteros el jueves 18.
Lo que no esperaba es que hubiera un video que lo aplastó, evidenció y sacó del cargo no sólo de Presidente del Congreso sino también de diputado, en un hecho inédito en Baja California. El caso es una muestra más de la impunidad panista. Hasta ahora ningún “importante” miembro del Partido Acción Nacional en el gobierno, ha caído producto de un video o de una mención en expedientes del crimen. Van cinco casos:
2006: Siendo director de PRODUTSA, Luis Enrique Díaz Félix, antes Presidente Municipal de Rosarito, fue detenido manejando bajo la influencia del alcohol. Lo vídeo grabaron, lo exhibieron y a lo único que llegó el Gobierno del Estado y el Partido Acción Nacional, fue a retirarlo de la posición.
2007: Un ex Policía Judicial de Baja California, de hecho ex guardia del Gobernador Ernesto Ruffo Appel, confesó a sus verdugos bajo la lente de una vídeo cámara, cómo el entonces Procurador Antonio Martínez Luna, tenía relación con el narcotráfico. Particularmente con el cártel de Sinaloa. Entonces el Gobierno de Eugenio Elorduy ni siquiera lo cesó para investigación. Vaya ni la SIEDO lo mandó cuestionar, declararía “El Toño” que de manera voluntaria acudió a que lo interrogaran.
2007: Una semana después, otro video fue público en ZETA. Esta vez, el Secretario de Seguridad de la misma administración, Víctor de la Garza Herrada, acompañado del Secretario particular de Martínez Luna, Víctor Lamas, escuchaban el plan de un abogado para poner un cuatro a narcotraficantes. Hablaron incluso de utilizar recursos del erario. La videograbación se hizo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Por segunda ocasión consecutiva, el Gobernador ni siquiera tocó a su Secretario con el pétalo de la duda.
2009: Un narcotraficante detenido en Rosarito, Candelario Arceaga “El Cande”, declaró a sus captores que se dedicaba a la producción de crystal que luego entregaba-vendía a Teodoro García Simental, capo al servicio del cártel Arellano Félix. También les dijo que Antonio Macías había recibido dinero por parte de ellos a través de una persona de apodo “El Diablo”, para la campaña, además que a cambio habían recibido permisos para transporte público. De paso, dijo recordar –así lo señalaron a ZETA– que también habían colaborado en la campaña de Luis Enrique Díaz Félix. Al primero no le ocurrió nada, dado que no era parte de nómina alguna, al segundo el Alcalde Jorge Ramos en Tijuana lo separó del cargo de Delegado, pero recientemente lo reinstaló en esa posición.
2010: El video ya conocido del Diputado y Presidente del Congreso del Estado, Víctor González Ortega, que, borracho, amedrentó a Policías cuando manejaba un vehículo oficial y presuntamente se le encontraron armas y droga.
En ninguno de los cinco casos la autoridad en el Partido Acción Nacional ha expulsado a sus miembros. Tampoco sus casos han llegado a la Comisión de Honor y Justicia, mucho menos han sido investigados de manera debida por autoridad en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Es evidente, si eres panista y funcionario, la impunidad está de tu lado.
Por ejemplo y en el último caso, el del diputado panista con licencia, ni siquiera se sabe si efectivamente hubo droga y si fue así, dónde quedó. No hubo reporte policíaco y por supuesto el hecho no está consignado en un parte municipal. Tampoco, en el colmo de la impunidad, existe un reporte al C-4 con esa fecha y que supuestamente propició el operativo que culminó con la no-detención del entonces Presidente del Congreso del Estado de Baja California.
Excesos
Hace dos semanas versiones periodísticas anotaron los supuestos excesos del Presidente del Congreso del Estado. En la columna “La Estampida de los Búfalos” de Víctor Islas en “El Mexicano”, y en el programa radiofónico televisivo “Café Político” que encabeza el mismo Islas, Carlos Estrada y Hugo Ruvalcaba comentaron sobre un presunto hallazgo de botellas de licor, rastros de vómito y condones, en el área de la Presidencia del Congreso. Luego sumaron la versión que el diputado panista –quien ganó el Distrito VI a Enrique Acosta– le había cambiado las llantas a la camioneta del Congreso que estaba a su disposición.
Aparte mencionaron la versión de que González Ortega había sido detenido la mañana del domingo 21 de febrero en estado de ebriedad y le encontraron un polvo blanco, al parecer cocaína. A la especulación se sumó el que uno de los agentes que encabezó el operativo, Hugo López Ávalos, fue suspendido a raíz de los hechos. A manera de seguimiento estos comentarios aparecieron en otras –contadas– columnas periodísticas en un tema que fue creciendo, al grado que el diputado panista dejo de aparecer públicamente.
El jueves 18 por la mañana, horas antes que iniciara la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, González Ortega apareció en varios medios, sobre todo radiofónicos, exponiendo su versión, y negando todos los señalamientos.
Dijo haber recibido amenazas de muerte desde hace seis meses, de las que ya tenía conocimiento la Procuraduría Estatal, y aseguró que las menciones tenían que ver con un intento de extorsión. De lo encontrado en las oficinas del Congreso, González Ortega dijo:
“Yo niego categóricamente que haya habido en las oficinas de esta Presidencia ese tipo de sucesos como lo han venido manejando algunos medios, para ser preciso nada más uno…No hay, no existe tal situación, ni ha existido ni debe de existir.” Y se justificó diciendo que en el recinto hay decenas de cámaras de videograbación.
La detención tampoco la aceptó. Dijo que “no hubo tal”, que él no conduce y que ese día estaba acompañado por su hermana, su hija y su sobrina, estacionados afuera de su casa.
“Efectivamente hubo un operativo ese día, un policía me manifestó que habían tenido una llamada telefónica anónima donde dijeron que había movimientos raros relacionados con supuesta venta de cocaína, llegaron como 15 elementos, ahora ya salió el nombre de un agente que dice que por mi culpa lo despidieron, por haberme detenido, un señor de nombre José Alberto López Ávalos, me dicen que al tipo lo suspendieron porque es una fichita, tiene 6 denuncias nada más en el año pasado, está siendo procesado en Sindicatura por lesiones, robo y golpes a unas personas. Íbamos a participar en la cabalgata, llegaron las personas, nos revisaron, nunca fui detenido, nunca me llevaron a la Comandancia, nunca me revisó el médico, eso fue a las 9 de la mañana de un domingo, yo me estaba preparando para irme, inclusive en la tarde anduve con Rodolfo Valdez en la premiación”.
González Ortega dijo estar muy preocupado por la serie de amenazas que ha recibido desde hace varias semanas. “Sabemos que vas a Tijuana, subiendo te vamos a partir la madre, me dijeron, también me mandaron cartitas, ésas ya las tiene la Procuraduría, he recibido amenazas en mi casa, fotos de mis hijos”.
Pero además dijo que “algunos periodistas” le habían pedido 100 mil pesos.
“Yo tengo 20 años en el sistema público y no son mis principios, ni mi ética me lo permite hacerlo, nunca he pagado ni un peso por que alguien hable bien ni mal de mí. “Uno de ellos me pidió trabajo para una de sus amantes, yo le dije que no, que yo no jugaba así, no lo hice y creo que en parte es represalia…”.
¡Pácatelas!
La mañana siguiente, apenas al iniciar Café Político, Víctor Islas reviró: “Hemos estado investigando el caso de “El Chupitos”, nos ha querido desmentir a través de comunicadores paleros, nos ha querido desmentir en el sentido de que no lo encontraron con droga, lo encontraron con dospelotonas de cocaína. Nos picaron la cresta, nos pusimos a investigar y a las pruebas nos remitimos, independientemente de este grupo de comunicadores paleros de este diputado, que anda diciendo que nosotros le pedimos dinero…”
“Lo que decimos aquí siempre tiene sustento, no echamos mentira a nadie, hay reporteros que defienden a este vicioso, Presidente del Congreso del Estado”, dijo por su parte Carlos Estrada Charles para pasar una imagen del diputado en la reciente visita del Presidente Calderón en La Rumorosa, todo antes de pasar al aire el multicitado video que fue subido al portal Youtube y que en cuatro días acumuló 26 mil 436 accesos.
Luego las reacciones se vinieron en cascada, primero la tarde del viernes 19 el PAN Estatal a través de un comunicado anunció su postura de que González Ortega debía pedir licencia, al día siguiente, sábado 20, el Congreso sesionó y dieron trámite a la solicitud de licencia y tomó protesta su suplente, Jazmín Enríquez. El martes al mediodía, después de una reunión entre el Alcalde Rodolfo Valdez y el Director de Seguridad Ulises Méndez, quien regresó de un curso de 10 semanas en Estados Unidos, se anunció la renuncia al cargo del Subdirector Operativo Felipe Chan Baltasar.
Abuso de autoridad
Las denuncias contra el agente López Ávalos datan del 2009 y el viernes 19 de febrero de este año –dos días antes del incidente con el diputado– se envió un oficio a la Dirección Jurídica de Seguridad Pública, donde se informaba sobre la suspensión del oficial, según lo explica el Síndico Procurador, David de la Rosa Anaya.
De acuerdo al mismo funcionario, el primer incidente fue el 24 de junio del 2009, en el estacionamiento de la Tienda Soriana, ubicada por el Boulevard Anáhuac. Lo acusan de abuso de autoridad. Otro fue el 11 de agosto del 2009, acusado de detención ilegal en la zona de Lázaro Cárdenas y Anáhuac, y otro más el 30 de octubre del 2009 en el parque público del Fraccionamiento San Fernando. Ahí señalan que el detenido no llegó hasta la Comandancia de la Dirección de Seguridad Pública.
El Síndico Municipal explicó que actualmente hay 13 policías suspendidos y en proceso de investigación –en diferentes hechos– y que tan sólo el año pasado se removió a 65 agentes al comprobarse su participación en diversos ilícitos.
El funcionario explica que el viernes 19 se hizo llegar el documento a la DSPM y fue hasta el martes 23 de febrero cuando se hizo efectiva la suspensión preventiva, acusado de abuso de autoridad, detención injustificada y lesiones: “Indebidamente se está vinculando con un asunto que nada tiene que ver”. López Ávalos presentó un amparo –en trámite– contra la suspensión preventiva, el cual no ha procedido.
De la Rosa dijo que existe una investigación de los hechos relacionados con el video donde aparece el diputado con licencia Víctor González Ortega. “Desde el viernes hemos empezado a hacer las diligencias que corresponden, una investigación sobre los hechos, revisando la actuación de los agentes, cuáles fueron los hechos, para efectos de deslindar la responsabilidad que pudiera existir, ya radicamos un expediente sobre el caso, si hay que aplicar alguna sanción a un caso concreto, se aplicará…”.
Inmunidad, impunidad
De acuerdo a la legislación vigente, los diputados locales gozan de fuero para no ser juzgados, pero hay marcado un procedimiento para desaforar, lo que le corresponde al propio Congreso. Daniel Solorio, abogado constitucionalista y ex Director de la Facultad de Derecho en Mexicali así lo explica:
“Solo el órgano de representación política, que es el Congreso, puede retirarle el fuero a uno de sus miembros o a otro funcionario que lo tenga”, explica el especialista y añade:
“El fuero no es una impunidad, es solamente una esfera de protección temporal que dura sólo lo que dura el cargo y que cuando se trata de un caso grave, la propia Cámara puede votar y retirarle el fuero al funcionario de que se trate, para que una vez que la Cámara vote, esa persona quede separado del cargo y pueda ser tratado como cualquier hijo de vecino”. Solorio explica que hay dos conceptos, parecidos pero distintos, uno es el Fuero y otro la Inmunidad.
La Inmunidad Parlamentaria significa que un representante popular nunca podrá ser procesado penalmente por lo que diga en el ejercicio de su representación política, y no puede ser acusado de difamación o injurias, los delitos llamados “De Opinión”.
En el caso del fuero, Solorio explica que se trata de una protección temporal que impide que una persona –que por su cargo lo posee– pueda ser procesada penalmente por cualquier delito cometido, en dado caso debería primero seguirse un proceso de desafuero por parte de la Legislatura.
“Es un error claro de la policía pretender ser ellos los que decidan si una persona tiene fuero o no, es un error manifiesto del Gobierno Municipal y de la corporación policiaca pretender que son ellos los que tienen que decidir cosas que tengan que ver con el fuero.
“Un policía, un jefe policiaco que interviene en un caso como éste, su deber es darle a ese diputado un tratamiento como cualquier hijo de vecino, entregarlo a la Autoridad que toma decisiones, que es el Ministerio Público y éste tomar la decisión”.
Solorio considera que este tipo de prácticas crean mucha confusión. “Las costumbres del influyentismo que hay en México han creado la confusión según la cual, los policías son los que deciden reconocer o no reconocer el fuero, eso no tiene sentido”.
— ¿Quiere decir que quienes lo hacen están violando una reglamentación?
“Me parece que éste es un caso claro en que los jefes policiacos, y eso alcanza al Presidente Municipal que es el responsable último de los jefes policiacos, incurrieron en una falta a sus deberes, a un comportamiento a sus propios deberes de hacer prevalecer el orden público”.
Pero el caso permanece en la impunidad panista.
Entre Policía y Presidente del Congreso. El diálogo del Diputado.
Policía: Se te está encontrando droga en tu vehículo.
Diputado: ¿Sí? ¿Es lo que me chinga?
Policía: Pues sí, y no nada más es poquita, es bastante droga.
Diputado: ¿Cuánto es?
Policía: Pues, una bolilla grande, imagínate que salga un periodicazo: Legislador consume drogas, diputado
Diputado: El Presidente del Congreso…No compa, no.
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Los minutos de fama
El ascenso de González Ortega en el PAN
Víctor González Ortega es miembro activo del PAN desde el 1 de enero de 1994, creció en una zona aledaña a la colonia Robledo, estudió Administración Pública en la UABC y fundó con otros panistas –entre éstos el ahora diputado federal Sergio Tolento– un grupo al interior del Sexto Distrito, conocido como José Vasconcelos. En el 2007 ganó la interna contra Martín Vázquez con diez votos de diferencia ya en tercera ronda y llegó al Congreso como diputado de mayoría con el apoyo de 21 mil 694 votos, contra 20 mil 475 del candidato priísta y ahora diputado de minoría Enrique Acosta Fregoso. Hace un año, en febrero del 2009 su entonces esposa, Susana Núñez, fue acusada por el contendiente de la diputación del Distrito 01 federal, Miguel Guerrero, de haber ofrecido a panistas de ese distrito, material de construcción vía Promotora Estatal para que votaran por Sergio Tolento, ex titular de esa dependencia y entonces precandidato. La denuncia fue rechazada por la Comisión de Elecciones del PAN en la entidad y hoy Tolento es Diputado Federal. Se señala al Secretario de Gobierno, Francisco Blake como el orquestador de la llegada de González Ortega a la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso a fines de enero pasado. Un hermano del ahora diputado con licencia, Adrián, aparece en la planilla de regidores de Raúl López Moreno, precandidato a la Alcaldía de Mexicali, quien tiene el apoyo del actual Alcalde Rodolfo Valdez Gutiérrez.